La legislación actual garantiza la gratuidad universitaria, pero ¿qué implicaciones tendría el cobro para la comunidad estudiantil y el sistema educativo argentino?
InfoMas Política 04/12/2024
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La posible implementación de aranceles a estudiantes extranjeros en Mendoza: un dilema jurídico y educativo
La legislación actual garantiza la gratuidad universitaria, pero ¿qué implicaciones tendría el cobro para la comunidad estudiantil y el sistema educativo argentino?
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de que las universidades argentinas cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes ha desencadenado un intenso debate en la provincia de Mendoza. Con 914 estudiantes extranjeros matriculados en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la propuesta plantea serias dudas sobre su viabilidad y las repercusiones que podría tener en el acceso a la educación superior.
La Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior consagran el derecho a la educación universitaria gratuita para todas las personas. En este sentido, el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior prohíbe la imposición de aranceles en instituciones de gestión estatal para estudios de grado. Para que la medida se haga efectiva, sería imprescindible una modificación legislativa que requeriría el consenso del Congreso Nacional.
En Mendoza, la UNCuyo ya establece que todos los aspirantes deben presentar documentación que certifique su residencia permanente, lo que permite distinguir entre estudiantes nacionales y extranjeros. De los 914 estudiantes extranjeros, solo 165 cumplen con este requisito, lo que equivale a un 0,5% del total de inscriptos. Este grupo está compuesto principalmente por ciudadanos de países fronterizos que han vivido en Argentina durante años.
El Gobierno sostiene que la implementación de aranceles podría mejorar la financiación de las universidades y priorizar el acceso a ciudadanos argentinos. Sin embargo, expertos en educación advierten que el impacto financiero sería mínimo, dado el escaso porcentaje de extranjeros no residentes permanentes. Además, destacan que el principio de gratuidad es un fundamento esencial del sistema educativo público argentino, reconocido a nivel internacional por su carácter inclusivo.
La posible aplicación de aranceles también plantea la necesidad de establecer criterios claros para identificar a los estudiantes no residentes permanentes, lo que podría generar complicaciones administrativas y políticas. La medida podría afectar la imagen de Argentina como un destino educativo accesible y de calidad, lo que podría disuadir a futuros estudiantes internacionales.
El debate se intensifica, reflejando la tensión entre la necesidad de sostenibilidad financiera de las universidades y el compromiso con la equidad en el acceso a la educación. Con el futuro de la educación superior en juego, el Congreso tendrá la última palabra sobre una reforma que podría redefinir el modelo educativo argentino.
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