Milei frenó el financiamiento universitario: veto total a la ley aprobada en el Congreso

Milei frenó el financiamiento universitario: veto total a la ley aprobada en el Congreso

El Presidente rechazó la norma que garantizaba partidas específicas para las universidades públicas y aumentos salariales para docentes y no docentes. El conflicto con el sector educativo y la oposición se profundiza.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La decisión quedó oficializada a través del decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre en el Boletín Oficial.

La medida significa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso de la Nación el pasado 21 de agosto, y se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno nacional y las universidades por los recortes presupuestarios.

Lo que planteaba la ley vetada

El proyecto de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" buscaba consolidar el sostenimiento de la educación superior en todo el país. Entre sus principales puntos figuraban:

Garantizar la protección y el financiamiento de las universidades públicas.

Establecer partidas presupuestarias específicas para programas de ingreso, permanencia y terminalidad estudiantil.

Asegurar la formación continua y mejores condiciones laborales y salariales para docentes y no docentes.

Incrementar los recursos destinados a infraestructura, equipamiento y tecnología digital.

Impulsar la investigación, la extensión universitaria y programas de bienestar estudiantil, incluyendo becas.

Actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024.

La postura del Gobierno

Desde la Casa Rosada justificaron el veto señalando que la norma implicaba una “intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado” y que iba en contra del objetivo de controlar el gasto público.

Sin embargo, la decisión del Presidente abre un nuevo frente de conflicto, tanto con el sector educativo —que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior— como con la oposición parlamentaria, que había impulsado la ley.

Las universidades nacionales y los gremios docentes ya anticiparon que podrían convocar a nuevas medidas de protesta en defensa del financiamiento del sistema educativo.