El gobierno provincial elimina la financiación de seis organismos y redefine prioridades en medio de una crisis económica profunda.
InfoMas Política 25/11/2024
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Motosierra, Cornejo cierra su primer año con drásticos recortes y un ajuste de $15.000 millones
El gobierno provincial elimina la financiación de seis organismos y redefine prioridades en medio de una crisis económica profunda.
En un movimiento que marca su primer año de gestión, el gobernador Alfredo Cornejo ha implementado un ajuste significativo en el presupuesto provincial, dejando de fondear al Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Aeronáutica de Mendoza SA (Aemsa), entre otros. Esta medida, que implica una reducción de $15.000 millones, responde a la necesidad de controlar las cuentas públicas en un contexto de crisis económica que ha afectado tanto a recursos locales como nacionales.
Desde el inicio de 2024, la administración de Cornejo ha priorizado la reestructuración de inversiones, enfocándose en áreas clave y eliminando el financiamiento a organismos que, según el gobierno, no cumplen con las necesidades actuales. En este sentido, se prevé que algunos de estos organismos desaparezcan, mientras que otros serán reconfigurados para operar de manera más eficiente.
El recorte incluye organismos que tradicionalmente se sostenían con fondos estatales, como el IDC y el IDR, que funcionaban bajo un esquema de colaboración público-privado. A pesar de la eliminación de la financiación, el gobierno se comprometió a mantener la generación de informes y estudios vitales para el sector productivo a través del Ministerio de la Producción.
La decisión de disolver la EPAS también ha generado controversia. Según funcionarios, la gestión del agua puede ser asumida por Irrigación, lo que se traduce en la eliminación de estructuras burocráticas y un ahorro significativo en gastos operativos. Además, se contempla la posibilidad de tercerizar servicios, un paso que ha suscitado preocupación entre los empleados afectados.
El gobierno ha justificado estos recortes como una medida necesaria para redirigir recursos hacia subsidios directos para el sector agropecuario, garantizando así la continuidad de apoyo a los productores afectados por las inclemencias climáticas. Aunque se espera que el ajuste ayude a equilibrar el presupuesto, también plantea interrogantes sobre el futuro de los servicios públicos y la estabilidad laboral de los empleados afectados.
Con un presupuesto de $1.700 millones destinado a estos institutos, el gobierno ha dejado de enviar $1.300 millones en 2024, lo que ha resultado en despidos y reubicaciones dentro de la administración pública. Las repercusiones de estas decisiones se sentirán en el corto y largo plazo, mientras Mendoza enfrenta un panorama económico complicado y la necesidad de una gestión más eficiente de sus recursos.
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