El fundador del partido Movimiento de Acción Social Federal (Masfe) y exsenador provincial admitió que esperaba recibir financiamiento del Estado luego de negociaciones que había cerrado con Cambia Mendoza.
InfoMas Política 29/05/2022
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El documento del Ejecutivo especificaba que la fundación presidida por Bonarrico percibiría este año 9 millones de pesos a liquidar en varias cuotas. En 2023, el importe sería igual o mayor, y el desembolso podía extenderse en el tiempo.
El acuerdo base, que se adjunta aquí abajo y lleva las firmas del vicegobernador Mario Abed y los ministros Víctor Ibañez y Raúl Levrino, determinaba que el destino de los fondos sería un conjunto de acciones para ayudar a sectores vulnerables, pero también dejaba la ventana abierta a otro tipo de actividades.
Se mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de prestar ayuda a iglesias y ONG cristianas para que accedan a líneas de financiamiento dispuestas por el Gobierno.
Además, permitía "acompañar" a distintos templos con apoyo legal, administrativo y de infraestructura; como así también para que tramitaran su habilitación o para que, "en casos de extrema necesidad", consiguieran subsidios del Estado, .
El acuerdo que se rubricó el 23 de febrero.
Tras los dichos del pastor, la polémica se extendió en las redes sociales y los medios. Mientras, en casa de Gobierno analizaban cómo seguir: Rodolfo Suarez optó por derogar la norma.
A esa altura las repercusiones se habían ampliado y el propio Bonarrico advirtió que si le retiraban los fondos a su organización dejaría de formar parte del frente Cambia Mendoza.
"Yo hablé con (el presidente de la UCR) Tadeo García Zalazar y con Alfredo Cornejo"
"Me dijeron que no había lugar para una candidatura mía y lo acepté. Luego existieron otras charlas, pero ya sobre la fundación, no sobre el partido Masfe".
En el peronismo circulaba otra teoría. Conjeturaron que a cambio de "bajarse" como candidato se le habría ofrecido a Bonarrico la millonaria subvención.
Llegó el viernes y el Boletín Oficial lo sabía.
A primera hora podía leerse allí: "Se estima procedente dejar sin efecto lo dispuesto por el decreto 684". O sea que el Gobierno le retiraba la plata a la fundación.
Simultáneamente, el PJ organizó una conferencia de prensa en la que sus figuras, encabezadas por Anabel Fernández Sagasti, adelantaron que el próximo lunes presentarán una denuncia penal contra el Gobierno de Suarez para que se investigue si existió cohecho o una asociación ilícita.
Por otro lado, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez anunció que el Ejecutivo denunciará a Bonarrico por "tentativa de fraude a la administración pública", al considerar que hizo "una interpretación errónea del convenio" que se había firmado.
Entre acusaciones cruzadas, el religioso siguió hablando, mientras la oposición ganaba momentum y el oficialismo recalculaba.
"Si realmente el gobernador no estaba enterado del convenio, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador, que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador" dijo el pastor.
A las puertas del fin de semana, la oficina de Ética Pública de la provincia confirmó que ya analiza el caso. Gabriel Balsells Miró, titular de esa dependencia, informó que podría abrirse una investigación de oficio, aunque desde el PJ anunciaron que también recurrirán a esa entidad para que se aclare qué pasó.
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