"Cerrarán plazoleta frente al hospital: la controvertida medida que podría llevar a la cárcel a personas en situación de calle"

"Cerrarán plazoleta frente al hospital: la controvertida medida que podría llevar a la cárcel a personas en situación de calle"

"La Municipalidad de Mendoza invierte millones para frenar la 'inseguridad' y anuncia detenciones a quienes se nieguen a ser asistidos"

En un giro polémico que ha generado intensos debates, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza ha decidido cerrar el perímetro de la plazoleta Almirante Brown, ubicada justo enfrente del Hospital Central. La medida, anunciada por el intendente Ulpiano Suarez, busca frenar lo que la administración municipal considera un grave problema de inseguridad derivado de la gran cantidad de personas en situación de calle que pernoctan en el área.

Con una inversión de 170 millones de pesos, el municipio pretende mejorar la seguridad en las cercanías del hospital y el centro de salud FUESMEN, espacios donde se realizan ingresos y egresos de pacientes las 24 horas del día. Pero esta acción ha desatado una fuerte controversia entre los sectores sociales que defienden los derechos de las personas sin hogar. En un discurso firme, Suarez advirtió que las personas que rechacen la ayuda y se nieguen a ser trasladadas a los refugios disponibles podrían enfrentarse a arrestos. Según el intendente, el Código Contravencional contempla la posibilidad de arrestar a aquellos con antecedentes o que utilicen menores en actividades de mendicidad, subrayando que la Justicia y los fiscales deben colaborar con estas acciones.

De acuerdo con el censo municipal, en Mendoza hay 173 personas registradas en situación de calle, de las cuales el 50% se niega a recibir cualquier tipo de asistencia. La mayoría de ellos tienen entre 25 y 44 años, y prefieren seguir viviendo en las calles en lugar de aceptar los refugios disponibles, lo que ha generado un creciente malestar entre los habitantes de la ciudad. El sábado pasado, dos personas fueron arrestadas por esta razón, lo que evidencia que las autoridades están decididas a aplicar esta política con rigor.

El cierre de la plazoleta y la amenaza de arrestos están generando un gran debate en la sociedad mendocina. Mientras algunos respaldan las medidas como una necesidad urgente para mejorar la seguridad, otros consideran que se trata de una violación a los derechos humanos de las personas en situación de calle. La tensión está en aumento, y el futuro de esta iniciativa promete seguir siendo tema de discusión en la ciudad.